Han quemado la casa de pablo iglesias

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En 2015, cuando todo seguía bien: Alexis Tsipras se encuentra con Pablo Iglesias durante el mitin final de la campaña electoral en AtenasLee este artículo en alemán.Alexis Tsipras, el político de izquierdas más exitoso de los últimos cinco años, ha sido expulsado del cargo. Y así se apaga otra estrella de la izquierda. Pablo Iglesias de Podemos, Bernie Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en el Reino Unido: todos ellos estaban en lo alto a principios de 2015. Desde entonces, poco a poco, uno tras otro, han ido perdiendo fuelle.

Todo parecía tan prometedor entonces. En julio de 2015, la gente en Atenas bailaba en la plaza Syntagma y celebraba el voto “Oxi” en el referéndum. Al menos en Grecia, ese fue uno de los últimos momentos en los que se podía sentir una brisa de éxito de la izquierda en el aire. Atenas debía ser el catalizador de la irrupción de la Nueva Izquierda, revitalizada por las protestas sociales. En España, los compañeros de Podemos, liderados por el carismático profesor Pablo Iglesias, marcaron un hito a finales de 2015 cuando obtuvieron más del 20% en las elecciones parlamentarias, terminando por poco detrás del socialdemócrata PSOE.

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Durante el último cuarto de siglo, ha habido pocos momentos decisivos en la historia política española. Como un pas de deux bien coreografiado, el Partido Socialista Obrero de centro-izquierda (PSOE) y el Partido Popular de derecha (PP) se han turnado para gobernar el país.

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Pero las elecciones de 2015 cambiaron todo eso. Los partidos advenedizos de la derecha y de la izquierda se estrellaron, castigaron a los dos partidos principales y forzaron otra ronda de votaciones el 26 de junio que podría ser un punto de inflexión en una campaña creciente para hacer retroceder las políticas de austeridad que han extendido la pobreza y el desempleo por todo el continente.

En la votación del pasado diciembre, el PP, en el poder, perdió 63 escaños y la mayoría. Pero los votantes también reprendieron a los socialistas, que perdieron 20 escaños. Muchos de los escaños que antes correspondían a los dos grandes partidos se desplazaron al partido de izquierdas Podemos y, en menor medida, al partido de derechas Ciudadanos. En el parlamento actual, el PP controla 123 escaños, los socialistas 90, Podemos 69 y Ciudadanos 40. Los partidos regionales de vascos, catalanes e independientes canarios tienen 28 escaños. El parlamento tiene 350 escaños y la mayoría de gobierno es de 176.

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En los días siguientes, las protestas y los disturbios se extendieron a otras ciudades chilenas, como Concepción, San Antonio y Valparaíso[30]. El estado de excepción se extendió a la provincia de Concepción, a toda la región de Valparaíso (excepto Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández) y a las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Iquique, La Serena, Rancagua, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Las protestas han sido consideradas como los “peores disturbios civiles” ocurridos en Chile desde el final de la dictadura militar de Augusto Pinochet, debido a la magnitud de los daños en las infraestructuras públicas, el número de manifestantes y las medidas adoptadas por el gobierno[31].

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La pandemia provocó una reducción en la escala de las protestas, con medidas de distanciamiento social y eventuales cierres impuestos por el gobierno[44] Se estima que se han perdido 3.500 millones de dólares y 300 mil puestos de trabajo, debido a la destrucción y daño de la infraestructura pública y privada, incluyendo el Metro de Santiago, como resultado de las protestas y el vandalismo realizado principalmente entre octubre y noviembre de 2019. A partir de julio de 2021, las manifestaciones han continuado concentrándose cada viernes casi exclusivamente en torno a la Plaza Baquedano, donde entre 100 y 500 personas se enfrentan a la policía, vandalizan los alrededores exigiendo la liberación de los llamados “Presos de la Revuelta”[45].

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En Bolivia, los militares, la policía y los extremistas de derecha han dado un golpe de estado contra el gobierno elegido. Pretenden mantenerse en el poder reprimiendo violentamente a los indígenas y a los pobres del país.

En los últimos días se han visto las trágicas consecuencias del golpe de Estado contra Evo Morales y su gobierno en Bolivia: manifestantes que defendían la democracia en El Alto abatidos a tiros, partidarios del partido Movimiento por el Socialismo (MAS) de Morales acorralados en sus casas, funcionarios públicos desfilando ante las cámaras de televisión por policías enmascarados y el ejército enviado a las calles.

Estas maniobras demuestran que, independientemente de lo que afirmen los medios de comunicación “liberales”, los recientes acontecimientos en Bolivia equivalen a un golpe de Estado. Fue una toma de poder contra las normas democráticas organizada por una élite de la derecha dura que ha rechazado cualquier proceso de diálogo o incluso la oferta de Morales de celebrar nuevas elecciones. Esta realidad ha sido reconocida por las fuerzas progresistas de todo el hemisferio occidental, desde el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, hasta el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, desde el recién estrenado Lula en Brasil hasta la política estadounidense Ilhan Omar, que eligió sus palabras de forma sucinta: “Hay una palabra para designar al presidente de un país que es expulsado por los militares. Se llama golpe de estado”.

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